Feijóo erige su gestión en "modelo" para España en el último gran debate de la legislatura gallega


La fecha en la que fue fijado el último debate de política general de la legislatura gallega anticipaba que iba a estar inevitablemente marcado por el contexto estatal y, concretamente, por la convocatoria de las nuevas elecciones generales por falta de acuerdo para formar el nuevo Gobierno de España. Así lo había anticipado el PP y así lo ha ratificado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cuando apenas habían transcurrido unos pocos minutos del discurso con el que abrió la sesión. No podría exponer la situación política gallega y sus planes de futuro sin antes «evaluar las consecuencias de la parálisis» en el Ejecutivo central.

«Nos vemos perjudicados por la inestabilidad crónica de España, porque Galicia es España», proclamó el presidente gallego para dibujar un panorama estatal de «permanente pugna electoral» y «expectativas partidistas» que llegan a «pervertir las instituciones». Todo, ha acusado, por culpa de un Pedro Sánchez a quien incluso atribuye una «manipulación del calendario electoral» en el último año hasta conducir a España a la «peor crisis política de la democracia».

Con el marco trazado, el de una «parálisis» estatal promovida por el PSOE, el titular del Gobierno gallego ha lanzado la principal idea fuerza de su intervención. «Quiero para España el ejemplo que damos los gallegos», el que, a su juicio, da la Xunta, porque «por encima de todo soy presidente de Galicia y nunca he sido ni seré rehén de ningún partido, ni siquiera del mío», dijo en lo que puede ser leído como un alejamiento de la línea oficial marcada por la cúpula de Pablo Casado.

En ese alejamiento también es posible enmarcar las referencias a la lucha contra la violencia machista, una «realidad» que «no es aceptable negar» ni «diluir» en otros «problemas». «Nadie de los que estamos aquí deberíamos negarnos que estamos comprometidos contra esta lacra», afirmó tras citar medidas contra la violencia de género aprobadas por su Gobierno, pero también por el de PSdeG y BNG.

«Aspiro a preservar el modelo de Galicia», dice Núñez Feijóo, un modelo «centrado» que convierte al Ejecutivo que dirige en una «excepción» porque, por ejemplo, va a presentar los Presupuestos de 2020 «cumpliendo el plazo legal», anunció tras semanas amagando con la posibilidad de no llegar a presentarlos por la retención de la financiación estatal, los «700 millones» que volvió a reclamar en este pleno.

Diez años después de recoger lo que definió como «la peor de las Galicias posibles», en referencia a la gestión del Gobierno de PSdeG y BNG (2005-2009), Feijóo dice estar en disposición de «abordar» la «Galicia de la nueva década», que estará marcada por «tres Xacobeos», los de los años 21, 27 y 32. «La Galicia jacobea de la próxima década tiene que ser la mejor Galicia de la historia para los gallegos», aseguró en un contexto en el que, más allá de menciones difusas al contexto internacional, las únicas fuentes de incertidumbre las ha situado en el Gobierno socialista de España. Porque «las gallegas y los gallegos sí pueden dormir tranquilos en lo que respecta a la Xunta», proclamó en lo que parece pretender ser una reformulación irónica de las recientes declaraciones de Sánchez sobre posibles pactos con Unidas Podemos.

Principales anuncios

Más allá de la confrontación con el Gobierno de España y del énfasis en erigir su década en la Xunta como modelo «para el conjunto del Estado frente a la parálisis y al desgobierno», la segunda principal línea del discurso de Feijóo en el último debate de política general de la legislatura ha pasado, como habitualmente, por varios anuncios más o menos concretos. Tras los recientes datos que han confirmado un nuevo mínimo histórico de nacimientos en Galicia, el presidente gallego mantiene que «hemos adoptado más medidas que nunca» de «apoyo a la natalidad» y «seguiremos por ese camino».

En este sentido –y como ya había avanzado el equipo de Feijóo a varios medios antes del pleno–, el presidente afirma que la Tarjeta Bienvenida (el cheque bebé impulsado por la Xunta en los últimos años) será ampliado para que las familias que tengan «un tercer hijo» reciban «2.400 euros anuales desde su nacimiento y hasta que cumpla los tres años». Además, dice, la conocida como caja finlandesa tendrá una composición «más completa». En el ámbito de la educación infantil, avanza, las escuelas dependientes de la Xunta serán «totalmente gratuitas para todas las familias» que logren plaza en ellas «a partir del segundo hijo» en 2020. La Xunta incluso contemplaría la gratuidad total si «colabora» el «próximo Gobierno central».

La incógnita sobre su candidatura

El discurso del presidente en el último debate de política general de la legislatura también ha estado marcado, como ya había sucedido en la misma sesión de la legislatura anterior, por la incógnita sobre su futuro político. No en vano, además de reivindicarse implícitamente como «modelo» para España, Feijóo se ha expresado con ambigüedad a este respeto. «Lo de menos es el futuro de los que estamos aquí» y «lo de más es que Galicia ha despejado el suyo para los próximos doce meses», ha señalado en lo que parece una referencia a agotar la legislatura.

Dicho esto, no obstante, Feijóo ha agregado algo más. El «reto» es «garantizar un futuro cierto para los próximos doce años» y para esto «las gallegas y los gallegos pueden contar con la Xunta de Galicia y pueden contar conmigo» porque «no hay mayor honra que servir a Galicia». La incógnita sigue sobre la mesa y los grupos de la oposición intentarán despejarla en sus respectivos discursos. En una primera evaluación de las palabras de Feijóo ya han anticipado su conclusión: para PSdeG, Común da Esquerda, BNG y el Grupo Mixto conformado por miembros de En Marea, este no es sólo el último debate de la legislatura, sino también el último de Feijóo como presidente tras una «década negra».



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Feijóo se apoya en el bloqueo político estatal para alimentar la posibilidad de optar a la Xunta por cuarta vez


Alberto Núñez Feijóo inició su réplica a los grupos de la oposición en el último debate de política general de la legislatura gallega citando los nombres de las personas que han liderado las diferentes formaciones de la izquierda en Galicia, tanto en el Parlamento como orgánicamente, durante la década que ya acumula como presidente de la Xunta. Le salió una veintena. El líder del PPdeG quiso evidenciar así la «inestabilidad» de la que, a su juicio, son sinónimo las fuerzas de la izquierda. Pero evidenció también, queriendo o no, una de sus principales fortalezas en estos diez años: la interinidad, en la mayor parte de estos años, en los liderazgos de unas o de otras fuerzas de la oposición.

Las formaciones de la bancada izquierda se han esforzado durante la sesión, con diferentes planteamientos, en hacer ver que diez años después el proyecto político de Feijóo está «agotado» y que el electorado gallego pide cambio. Más todavía porque en las generales de abril «el 55%» del electorado «votó por las fuerzas progresistas», evocó el socialista Gonzalo Caballero en su primer gran debate parlamentario como líder de la primera fuerza de la oposición. Lo hicieron con un tono tan marcadamente preelectoral como los mensajes sobre su futuro político con las que Feijóo salpicó las casi ocho horas de debate que acogió este miércoles el Parlamento de Galicia.

El presidente de la Xunta alimentó las posibilidades de optar a la Presidencia de la Xunta por cuarta vez por varias vías durante el debate. Lo hizo, por ejemplo, en la conclusión de su primer discurso. Tras erigir a su Gobierno en «modelo» para España y contrastarlo con la «inestabilidad» del PSOE, el líder conservador manifestó que «lo de menos es el futuro de los que estamos aquí» y «lo de más es que Galicia ha despejado el suyo para los próximos doce meses», plazo máximo para la convocatoria de elecciones. Pero, también afirmó que el «reto» es garantizar «un futuro cierto» para la próxima década y «las gallegas y los gallegos pueden contar con la Xunta de Galicia y conmigo» porque «no hay mayor honra que servir a Galicia».

Los rumores sobre el significado de las palabras presidenciales circulaban ya por el Pazo do Hórreo cuando comenzó la segunda parte de la sesión, la del debate en sentido estricto. En ella las cuatro fuerzas de la oposición -PSdeG, Común da Esquerda, BNG y el Grupo Mixto que integran cuatro miembros de En Marea- quisieron presentar sus credenciales en clave de alternativa progresista para 2020 tras la década de Feijóo. Y fue en este punto en el que el presidente de la Xunta se apoyó en el bloqueo estatal para volver a jugar con la posibilidad de optar a la Presidencia otra vez.

«Quieren que Galicia copie la inestabilidad de España», pero «este Gobierno y yo estamos más que despiertos para que Galicia pueda conseguir sus sueños», proclamó antes de echar mano de las recientes declaraciones de Pedro Sánchez sobre Unidas Podemos para volver a jugar con el futuro. «Lo que no nos dejaría dormir sería que una oposición cuatripartita se convirtiera en un desgobierno», pero «como la mayoría de Galicia quiere centralidad y estabilidad, nosotros seguimos comprometidos con Galicia». Por todo esto, advirtió, «trabajaré todo lo que pueda para que el PP de Galicia saque mayoría absoluta en las siguientes elecciones» gallegas.

De este modo, gota a gota, la incógnita sobre el futuro de Feijóo impregnó el debate. Incluso dejando en segundo plano el anuncio del discurso inicial al que el gabinete presidencial dio más importancia, la gratuidad de las escuelas infantiles dependientes de la Xunta «a partir del segundo hijo» en el año electoral de 2020. Una de las medidas que para Feijóo muestran con claridad que el Ejecutivo del PP tiene «balance, estabilidad y objetivos» para la próxima década, la de la «Galicia jacobea» que «tiene que ser la mejor Galicia de la historia para los gallegos».

De la visión presidencial discrepa el socialista Caballero, para quien Feijóo se ha quedado en la «foto hecha en 2016», la de la mayoría absoluta del PP, y no tiene en cuenta la «nueva mayoría social del país» que, «por mucho que les pese», quiere un cambio por la izquierda. También hace lo mismo Antón Sánchez desde Común da Esquerda, desde cuyo punto de vista la Galicia que «supo resistir» durante la crisis será la que ponga fin a un Gobierno basado en la «propaganda». También de cambio habla Ana Pontón desde el BNG, para quien «hay otra Galicia posible y mejor» que la aferrada a la sucesión de Años Santos. Y Luís Villares, ahora en el Mixto, quien no encuentra en el PP «ideas ni proyecto».

Tanto Caballero como Pontón estarán en los carteles electorales de 2020. Por parte de los comunes y de En Marea todo está por dilucidar. En el PP, según lo sugerido este miércoles, parece que las incógnitas ya son menos, si bien es necesario no perder de vista que el contexto del último debate de política general de la legislatura gallega es doblemente preelectoral, porque antes de las gallegas de 2020 están las generales del próximo 10 de noviembre.



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El Poder Judicial confirma la suspensión a la jueza del caso Pokémon, que pierde su plaza en Lugo


Ha sido la jueza más mediática de la última década en Galicia. La instructora de casos de tanto impacto como la operación Carioca, que destapó una sórdida trama de explotación y maltrato de mujeres en locales de prostitución. También de sumarios que expandieron las sospechas sobre la actuación de numerosos cargos públicos gallegos de diversas fuerzas políticas, como la la operación Pokémon o los casos PulpoGarañón y Cóndor. Ahora tendrá que abandonar el juzgado de instrucción número 1 de Lugo por orden del Consejo General del Poder Judicial excepto en el improbable caso de que el Tribunal Supremo lo evite in extremis.

El pleno del Consejo General de Poder Judicial acaba de rechazar por unanimidad el recurso de la magistrada contra la sanción por la que el pasado marzo le había impuesto una suspensión de siete meses «por una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales», según confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Al superar el medio año, la consecuencia más relevante es que De Lara pierde su destino en Lugo. Ya no seguirá siendo la titular del juzgado desde el que instruyó todos estos casos, algunos de ellos afectados por relevantes demoras que, según el Consejo, son atribuibles a la propia magistrada.

La jueza, cuyo abogado ha venido manteniendo en estos meses que las desatenciones y dilaciones indebidas que le atribuye el Consejo del Poder Judicial o no se han producido o no son consecuencia de su trabajo, agota de este modo la vía administrativa y «la sanción será ejecutiva una vez notificada», explican las mismas fuentes. No obstante, agregan, De Lara todavía puede interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Supremo, en donde puede pedir, como medida cautelar, que le suspendan la sanción hasta que resuelvan sobre el fondo de la cuestión.

Inspección por generar «incrementos ficticios de trabajo»

La ratificación de la sanción concluye un proceso que comenzó en marzo de 2018. Entonces el Consejo del Poder Judicial ordenó inspeccionar el juzgado dirigido por De Lara. Las pesquisas se habían producido en mayo de ese año y concluyeron que la jueza había cometido «desatención o retrasos injustificados» de las causas que instruye. También la acusaban de generar «incrementos ficticios del volumen de trabajo» con un «manifiesto abuso procesal».

Estas imputaciones por parte del Consejo fueron aplaudidas por algunas de las personas que se vieron implicadas en casos instruidos por De Lara, varios de ellos todavía inconclusos tras lustros de investigación. Cargos políticos de diversos colores la habían acusado formalmente durante los procedimientos de prolongar indebidamente las investigaciones, algunas de las cuales acabaron siendo archivadas cuando llegaron a otras instancias. Esa fue, por ejemplo, la decisión que tomó la Audiencia provincial de Lugo sobre las acusaciones de soborno contra el ex alcalde socialista lucense, Xosé López Orozco.

Mientras, no obstante, la jueza continuó siendo notablemente elogiada desde diferentes instancias por perseguir prácticas corruptas. Del mismo modo, tras ser impuesta la sanción ahora confirmada, se produjo una concentración en su defensa por parte de colectivos que reclaman profundizar en la red de proxenetismo destapada en el caso Carioca.

Orozco, precisamente, ha sido junto al ex secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, uno de los afectados por una de las últimas decisiones de la jueza De Lara. El pasado miércoles, apenas veinticuatro horas antes de lo que ha acabado siendo la ratificación de la sanción, trascendía que la jueza acababa de cerrar la instrucción del caso Garañón, decidiendo proponer que sean juzgadas por varios delitos un total de once personas, entre ellas los antiguos dirigentes socialistas lucenses y varios funcionarios. Tanto Besteiro como Orozco recurrirán la decisión.



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La corrupción y el fraude millonario en la patronal gallega: el escándalo llega 20 años tarde a juicio


Hace ya veinte años, se destapó en la patronal gallega un enorme fraude millonario de subvenciones. El paso del tiempo y las varas de medir ajustables templaron la atención y el conocimiento de un desfalco que provocó un agujero de 6,3 millones de euros en la Confederación Empresarios de Galicia (CEG). Según la Fiscalía, entre 1996 y 1999, el secretario de la CEG y siete empresas se concertaron para, a través de subvenciones públicas a cursos de formación, «conseguir un beneficio patrimonial». Cobraban las ayudas para cursos no realizados y manuales didácticos innecesarios, emitiendo facturas «dobladas» o imputando costos excesivos por profesorado o utilización de aulas.

«Se apropiaron de los fondos incorporándolos a su propio patrimonio e impidieron la finalidad de la subvención que gestionaban», explica el fiscal sobre una trama fraudulenta de subvenciones procedentes de fondos europeos destinados a planes de formación gestionados por el INEM (a través de la Fundación para la Formación Continua, Forcem) o la Xunta. Tan sólo entre 1996 y 2000, la CEG recibió 20 millones de euros para cursos de este tipo.

Dos décadas después, el juicio sigue sin celebrarse. La pasada semana, se suspendió en la primera jornada tras alegar los abogados de los procesados indefensión por no poder acceder a miles de folios, entre 6.000 y 9.000, que las otras partes sí consideraron accesibles. La ingente información de facturas, cursos o profesorado hace complejo el proceso, pero no tanto como para justificar un retraso por lo que el juez ya ha pedido «disculpas» tras anunciar que, como mínimo, hasta febrero de 2020 no podrá volver a iniciarse la vista por la apretada agenda de la sala.

Por el caso pasaron ya 15 jueces en 19 años; el que era presidente de la CEG en la etapa investigada, Antonio Ramilo, falleció en 2006; y el que era principal testigo, el tesorero Juan Casas, sufrió un deterioro físico que imposibilita su declaración. El principal acusado es Rafael Sánchez Sostre, abogado y exsecretario de la patronal. La Fiscalía le pide cuatro años de cárcel y una multa de dos millones de euros por un delito de fraude de subvenciones.

Los otros seis acusados son gestores, representantes o socios de las empresas que organizaban los cursos (Acro Consultoría Formación, Cares Márketing y Comunicación, Técnicas de Formación, DEO, Dalbe 5, Estudio Global de Gestión y Euroges 97) y se habrían apropiado, presuntamente, de fondos públicos destinados a la esa formación entre 1996 y 1999. El ministerio público reclama para todos ellos dos años de prisión y multas que van desde los 50.000 hasta los 500.000 euros.

El caso es el paradigma de una época donde el dinero público corría sin control desde las administraciones hacia  diferentes organizaciones como la patronal gallega y donde la fiscalización sobre la actuación de esta y otras organizaciones era casi nula. Tampoco dentro se vigilaba.

El entonces presidente, el exalcalde franquista de Vigo, Antonio Ramilo, disfrutaba de la protección y amistad de Manuel Fraga, antiguo compañero en Alianza Popular y presidente de una Xunta que durante años aportó ingentes cantidades de dinero público a la CEG. Sin control. Todo empezó a oler mal cuando una auditoría en 1999 reveló un agujero de más de 1 millón de euros y la desaparición de alguna cantidad importante más.

Sánchez Sostre, ahora principal acusado, fue cesado y Ramilo dimitió poco después Antonio Fontenla, nuevo presidente, encargó otra auditoría que desveló el agujero de más de 6 millones de euros mientras la UE reclamaba al Estado que abriera una investigación por el uso indebido de sus fondos de formación.

En marzo de 2001, la CEG puso en conocimiento del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia una serie de «irregularidades detectadas en su gestión de los fondos de formación que desembocaron en una grave crisis financiera y social para la entidad» y advirtió de que Sostre disfrutaba de «plena independencia» para organizar los cursos y elegir las empresas. El agujero contable de la patronal se elevaba entonces a los 10 millones de euros.

La Fiscalía actuó de oficio en 2011 y, casi veinte años después, el juicio sigue a la espera de fecha mientras la CEG continúa en una precaria situación, no sólo económica. El derroche cometido durante años, también en duros tiempos de crisis, provocó que un plan de ajuste en 2016 redujera su personal a la mitad y que el sueldo les fuera rebajado al resto de trabajadores.

Derroche en plena crisis

La deuda de la entidad llegó a superar los 800.000 euros mientras su secretario general mantenía un sueldo de más de 100.000 al año. Un expediente abierto por la Consellería de Economía advertía como la CEG incumplía un plan de oficinas en el exterior para colaborar en la internacionalización de las empresas gallegas. A este se le habían imputado gastos para fines no estipulados, entre los que se incluyó un viaje al Brasil para 24 personas por más de 80.000 euros.

En 2018, la patronal fue condenada a devolver a la Xunta medio millón de euros de gastos injustificados de sus embajadas. Solo entre 2010 y 2013, la Xunta dispuso de 18 millones de euros para que la patronal gallega abriera oficinas en Colombia, México, Argentina, Brasil, Francia, Reino Unido, Rusia, China, Alemania, Estados Unidos, Marruecos y Turquía.

En los últimos años, tras acusaciones de irregularidades en los gastos de Fernández Alvariño, que sustituyó a Antonio Fontenla en 2013, varios fueron los presidentes que pasaron por la CEG. Entre ellos el constructor Antón Arias, a quien la defensa de un referéndum pactado en Catalunya en pleno auge del procés le costó furibundas críticas de sus predecesores y de otros empresarios. Dimitió tras intentar, y no conseguir, modificar los estatutos, y desde enero de 2018 la entidad continúa sin presidente.

Hace tan sólo unos días, y después de finalizar el plazo, ninguna persona se presentó como candidata para optar a la presidencia de una patronal descabezada y siempre en polémica. En un comunicado, la CEG aseguraba que «las cuatro confederaciones empresariales provinciales seguirán trabajando de forma conjunta para buscar un candidato de consenso». Pero el enfrentamiento entre la rama coruñesa y la pontevedresa continúa siendo una de las claves de tanta inestabilidad.

En verano pasado, la Confederación de Empresarios de Pontevedra decidió «separarse» y «alejarse de cualquier participación en órganos colegiados en temas relacionados con asuntos económicos internos» de la CEG, de la que advertían que no presentaba cuentas ni tenía informe de auditoría de 2018.



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El hospital concertado de referencia para más de 100.000 personas en el área de Vigo ultima su venta a Ribera Salud


El hospital de referencia para más de 130.000 personas protegidas por la sanidad pública gallega en el área sanitaria en Vigo está a punto de pasar a ser propiedad del grupo Ribera Salud y, por extensión, de la corporación multinacional Centene, con sede en los Estados Unidos de América. Los responsables del policlínico privado vigués, que en virtud del concierto vigente con el Servizo Galego de Saúde es parte de la estructura asistencia de la sanidad pública gallega, han confirmado a la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia que tiene «muy avanzadas» las negociaciones para una operación pendiente, en todo caso, de las autoridades de la Competencia.

Como avanzó Faro de Vigo, los responsables del centro sanitario del que todavía es propietario el Grupo Nosa Terra 21 han admitido abiertamente la existencia de las conversaciones con Ribera Salud, compañía que el pasado verano pasó definitivamente controlada por la americana Centene Corporation, que compró el 50% de acciones de la compañía al Banco Sabadell, entidad que a su vez las había heredado de la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo. De este modo Ribera Salud pasó a estar al 90% en las manos de Centene, que si fructifica esta operación llegaría a Galicia por primera vez.

Con estas noticias sobre la mesa, la Xunta «convocó a los representantes de Povisa a una reunión» para «solicitarles información sobre la posible venta del centro médico vigués», informa la Consellería. En ese encuentro, indica la Xunta, se sentaron con el conselleiro, Jesús Vázquez Almuíña, y otros cargos del Sergas miembros de Povisa y de Ribera Salud, que «confirmaron que las negociaciones entre ambos se encuentran ya muy avanzadas».

Según la Xunta, Almuíña y su equipo «trasladaron» a los ejecutivos de Povisa y Ribera Salud que «en caso de que las negociaciones fructifiquen», deberán «garantizar tanto la calidad asistencial en el área sanitaria» como los puestos de trabajo». Todo esto, agregan, respetando los términos del concierto del Sergas con Povisa, que según lo firmado en 2014 se extiende hasta el 31 de agosto de 2022.

Este acuerdo, precisamente, ha estado en los últimos tiempos en el centro de la controversia no sólo por el rechazo de las fuerzas de la oposición, sindicatos y organizaciones en la defensa de la sanidad pública, sino también por los recelos expresados por el Consello de Contas. Así, el pasado verano el organismo responsable de la fiscalización de las cuentas públicas de la Xunta advertía en un amplio informe de la «falta de transparencia» de este contrato, que implica el pago de más de 70 millones de euros anuales a la compañía viguesa.

Así, por ejemplo, entre los aspectos sobre los que llamaba la atención el Consello de Contas destaca que, a juicio de los auditores, «no se puede garantizar» que el precio de 540 euros por enfermo y año, estipulado en el acuerdo, «haya sido establecido de acuerdo con un sistema adecuado para valorar los términos económicos de las prestaciones». Del mismo modo, advertía que el contrato de la Xunta con Povisa implica que, a efectos prácticos, el dinero dedicado por Sanidade al policlínico vigués «únicamente pueda sufrir variaciones al alza» y no bajar nunca, todo esto en un contexto en el que hasta el 80% de la cifra de negocio de Povisa depende de la sanidad pública gallega.



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Burocracia e infraestructuras, principales diferencias en los incentivos a la inversión de Galicia y el Norte de Portugal


“Los tiempos de respuesta a las cuestiones administrativas y burocráticas son de media más bajos en la región Norte de Portugal debido al cuadro legal nacional” mientras que “Galicia tiene ventaja competitiva en la movilidad por la existencia del tren de alta velocidad conectado con el resto de Europa”. Esas son solo dos de las diversas diferencias detectadas en los incentivos u obstáculos a la inversión existentes en la eurorregión recogidos en un informe del Eixo Atlántico de ciudades de Galicia y el Norte de Portugal. El documento, elaborado por varios expertos investigadores y presentado este lunes en Santiago, en el marco de unas jornadas de intercambio de experiencias, está pensado como una guía para la captación de inversiones dirigida a la treintena de ciudades de la eurorregión socias del Eixo Atlántico, pero al tiempo que ponen sobre la mesa sus potencialidades, también evidencia las deficiencias en ese campo.

“Falta política industrial” por parte de las administraciones supramunicipales competentes en la materia, coincidieron en destacar desde el lado gallego en la presentación del documento el presidente del Eixo Atlántico y de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp), Alfredo García, y el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo. Por su parte José María Costa, regidor de Viana do Castelo, municipio portugués que coordinó el informe por ser un ejemplo de captación de inversiones, hizo hincapié en la importancia de que las administraciones no se centren solo en la atracción de las empresas sino que las “acompañen” a lo largo de su presencia en la eurorregión para que sus inversiones se mantengan en el tiempo.

El informe señala que tanto Galicia como el Norte de Portugal destacan por su carácter exportador, especialmente en los sectores textil y de la automoción, por su cobertura sanitaria y educativa o por ser “de las regiones más seguras de Europa y del mundo”, así como por presentar “un buen índice de integración de extranjeros, factor fundamental para la instalación de empresas internacionales” o por la potencialidad de sus idiomas.

Sin embargo, el documento deja en evidencia las disparidades entre las dos regiones en varios aspectos, como la menor conectividad aérea de toda Galicia en comparación con el aeropuerto de Oporto, o a la inversa el mayor atractivo de Galicia en materia ferroviaria por su inminente conexión con la red de alta velocidad. En materia portuaria, el documento destaca la especialización de los puertos gallegos frente al volumen de movimientos de los portugueses.

El informe es especialmente crítico con Galicia en el ámbito administrativo, en el que destaca que así como en Portugal las cámaras municipales (ayuntamientos) tienen importantes competencias en materia de atracción de inversiones, a este lado del río Miño los municipios tienen menos margen de actuación, residiendo la iniciativa en la Xunta o el Estado. En ese ámbito, el documento señala que “las ciudades portuguesas del Eixo Atlántico prsentan una mayor competitividad en términos de incentivos a la inversión sobre todo en las competencias que son responsabilidad de los propios municipios a saber: Acompañamiento individualizado de los potenciales inversores desde primera hora ofreciendo también servicios de apoyo a la instalación de la empresa y de las personas; tasas y beneficios de incentivo fuertemente competitivos; los tiempos de respuesta a las cuestiones administrativas y burocráticas son de media más bajos en la región Norte de Portugal debido al cuadro legal nacional”.

El informe también destaca otras muchas diferencias entre Galicia y el Norte de Portugal a la hora de resultar más o menos atractivas para las empresas extranjeras, como la menor penetración en Galicia de la banda ancha en materia de telecomunicaciones o los mayores costes energéticos. Por el contrario, en materia de lentitud de la justicia el informe refleja disparidad en los dos países en los plazos de resolución de los conflictos comerciales o empresariales en función del tipo de procedimiento pero con importantes demoras en los dos casos que pueden llegar a los 23 meses de media en Portugal para la resolución en los tribunales de reivindicaciones de la propiedad de deudas o los 17 meses de media en el caso gallego para resolver cuestiones mercantiles.

En la presentación del documento, el secretario general del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, destacó que el origen del informe fueron diversas voces, que no identificó, que hace unos meses criticaron que Portugal estaba incentivando la deslocalización de empresas de Galicia. Por el contrario, el responsable del Eixo Atlántico destacó, en línea con lo afirmado por Bugallo y García, que “lo que había era que Portugal tiene política industrial y aquí no la hay”, añadiendo que Viana do Castelo, puesta como ejemplo de actuación desde las administraciones públicas, “va por el cuarto polígono empresarial y la única empresa gallega que hay allí lleva años instalada”. En esa línea, los presentes instaron a una mayor cooperación entre Galicia y el Norte de Portugal para atraer inversiones conjuntamente y destacaron como en los encuentros con posibles empresas candidatas a asentarse en la zona la cámara municipal de Viana do Castelo invita a ingenieros de las universidades portuguesas de Oporto y del Minho pero también de la de Vigo.



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Lugo: No lo dude al hacer la quiniela: el Lugo es una ‘X’ fija


Lugo Los rojiblancos suman 22 empates en las ltimas 49 jornadas

Gol del Lugo contra la Ponferradina
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Lendoiro: «No debe quedar duda de que el Levante



El expresidente del Deportivo Augusto César Lendoiro ha recordado este martes que el descenso del equipo gallego a Segunda División en 2011 por el supuesto amaño del partido entre el Levante y el Zaragoza y su derrota ante el Valencia le hizo un daño «brutal».

Después de haber prestado declaración, por videoconferencia, desde los juzgados de A Coruña en el caso que se juzga en Valencia, el exdirigente aseguró que «a nadie le debe quedar ninguna duda» de que el encuentro entre el Levante y el Zaragoza «estaba amañado».

El que fue presidente del Deportivo durante 25 años indicó que no fue Sergio González, exfutbolista del cuadro gallego que entonces jugaba en el Levante, el que le dijo que aquel encuentro estaba amañado porque las relaciones entre ambos «estaban rotas»

Lendoiro consideró «un poco extrañas» las preguntas que le formuló el abogado del Deportivo en el juicio, por ejemplo, quién le había dado el soplo.

El Deportivo está «pidiendo indemnizaciones de tres o cuatro millones de euros cuando documentalmente se puede probar que de forma material ha perdido más de 25 millones» 

«Pareciera como si fueras el enemigo cuando yo he sido la persona que ha abierto el melón. Es una pregunta verdaderamente increíble en una situación que llevó al Deportivo a Concurso. El daño que nos hizo aquel descenso fue brutal. Parece que esos temas de indemnizaciones no le preocupan mucho y que lo único que le preocupaba era quién me había dado el chivatazo», dijo.

El expresidente blanquiazul explicó que, según le han dicho, el Deportivo está «pidiendo indemnizaciones de tres o cuatro millones de euros cuando documentalmente se puede probar que de forma material ha perdido más de 25 millones y de forma inmaterial el precio es increíble». 

TESTIGOS. Los testigos que comparecieron este martes en una nueva jornada del juicio por el presunto amaño del encuentro confirmaron que se produjeron cambios en las nóminas de los jugadores pero aseguraron que no afectaron a las cantidades totales y descartaron saber de ese presunto arreglo.

María Magallón, empleada del Zaragoza desde 1987, explicó sobre las nóminas que en julio de aquel año «hizo una nomina nueva que se denominó extra, en la que estaban las primas por permanencia, las de partidos y otras cantidades que no estaban contabilizadas y que había que regularizar con Hacienda y el 5 de agosto se presentaron».

«En septiembre me dijeron que dividiera las nominas en tres, primas por partidos, por permanencia y otra con otros conceptos», señaló Magallón, que aseguró que el total no cambió.

«Todo lo que se me presentó como primas está contabilizado y declarado», afirmó la empleada que indicó que era Francisco Porquera, directivo entonces del Zaragoza y uno de los acusados, quien le dijo las cantidades que correspondían a las primas de cada jugador.

«En cada partido sobre el que hay comentarios solemos ir para recordar que no pueden hacer cosas ilegales»

Santiago Nebot, abogado de la AFE, dijo recordar que Luis Rubiales, que entonces era presidente del sindicato de jugadores, visitó el vestuario del Zaragoza antes del choque y que cree que se hizo a instancias de la Liga por las sospechas que había.

«En cada partido sobre el que hay comentarios solemos ir para recordar que no pueden hacer cosas ilegales. Nos informaba la Liga de los vestuarios a los que había que visitar«, señaló Nebot, que dijo entender que «si visitó el del Zaragoza, visitaría el del Levante».

También confirmó que, meses después, estuvo en la notaria acompañando a jugadores del club para adherirse al convenio del concurso de acreedores y que en un principio no querían hacerlo porque no coincidían las cantidades que ellos reclamaban con las que aportaban los administradores concursales.

«Los administradores concursales no reconocían las primas y los jugadores no entendían por qué no estaban. En las nóminas, creo recordar, había un pacto de los futbolistas con el Zaragoza, en el que se reflejaban las primas como salario. Si se mantenía en Primera tenían derecho a cobrarlas pero si no, no», señaló.

«Se lo puedo asegurar porque estaba yo allí y cuando hay una cantidad de dinero me suelen avisar»

Nebot dijo no recordar el contenido de una conversación en la notaría con Javier Tebas, presidenta de la Liga y denunciante, pero dijo que sí que sabía «porque lo habíamos comentado, que él iba con la mosca tras la oreja de que esos importes (descuadrados) podían corresponder al dinero destinado a la compra del partido».

Tras mostrarle el fiscal una nómina aportada por el club con el nombre ‘paga extra 8’ que teóricamente recogía los pagos de las primas grupales alcanzadas según un pacto verbal, Nebot dijo no haber visto nunca esa nómina.

Jose Luis Royo Areste, que entonces era subdirector de una sucursal de Bantierra, negó que Javier Aguirre, exentrenador del Zaragoza hubiera realizado «ningún reintegro en mi sucursal» ni tampoco una extracción importante de dinero.

«Se lo puedo asegurar porque estaba yo allí y cuando hay una cantidad de dinero me suelen avisar», apuntó Royo, que dijo no conocer a ningún responsable del club maño. También negó que Aguirre hubiera dejado en su oficina varios papeles en blanco firmados para que luego fueras rellenados. «Es inadmisible», apuntó.

ESPANYOL. El RCD Espanyol expresó en un comunicado «su más enérgica protesta» ante las «graves insinuaciones» vertidas por el expresidente del Deportivo Augusto César Lendoiro.

«Manifestaciones de este tipo dejan lugar a la duda, manchan de manera oportunista a todo el colectivo de deportistas y dirigentes»

El club catalán señaló: «El RCD Espanyol de Barcelona desea expresar su más enérgica protesta ante las graves insinuaciones realizadas esta mañana durante su declaración en el proceso abierto por el amaño del partido Levante-Zaragoza del año 2011, por el que fuera Presidente del Deportivo de La Coruña, Augusto César Lendoiro, respecto a la comisión de presuntas irregularidades cometidas durante del partido disputado por nuestro club ante el Zaragoza en el Estadio de La Romareda en la temporada 2010-2011″.

«Manifestaciones de este tipo dejan lugar a la duda, manchan de manera oportunista a todo el colectivo de deportistas y dirigentes y en todo caso mancillan la imagen de nuestro club, de nuestros expresidentes y de nuestros exjugadores a los que no se puede acusar de irregularidades de manera gratuita y sin fundamento, solo por una ‘percepción’”, conclucye el comunicado del club catalán.



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